El procedimiento de extradición es una solicitud de colaboración judicial entre Estados. Concretamente se solicita la detención y entrega al país reclamante de una persona contra la que se sigue un procedimiento penal o contra quien ya ha resultado condenado.
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Recopilar y presentar pruebas para demostrar que la persona es el presunto autor del delito y que este delito es punible en ambos países.
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El principio de exclusión establece que la extradición no se concede para el enjuiciamiento de delitos de car or truckácter político o militar. Esto significa que si el delito por el cual se solicita la extradición es considerado político o militar, la solicitud puede ser denegada.
Los españoles que, habiendo atentado en important source el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en un país distinto de aquel en el que delinquieron.
Para estos casos, se recomienda contratar a un abogado especializado en extradiciones, pues contar con un profesional experto en esta materia puede marcar la diferencia entre la entrega al país reclamante, o la libertad en España.
Si se trata de un menor de 18 años que tenga su residencia habitual en España. Ya que se entiende que en estos casos hay una especial vulnerabilidad.
El tratado de extradición entre estos dos países se viene aplicando desde 1892. A pesar de ser un acuerdo muy antiguo, ya preveía la prohibición de la extradición pasiva si se reclamaba a una persona a fin de juzgarla por delitos políticos.
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Ante la Recommended Site inexistencia de tratado, nos debemos regir por la Ley de Extradición Pasiva, esta nos dice que es posible una extradición siempre que se respete el principio de reciprocidad. Es común que se solicite por parte de la máxima autoridad del país requirente un compromiso por escrito.
Evitar la extradición es posible. El sistema instaurado en la Ley de Extradición Pasiva es el mixto, tal y como se especifica en el BOE. Es decir, la extradición se solicita al Ministerio de Justicia, que la eleva al Gobierno de la nación para que decida si prosigue o no el procedimiento por la vía judicial.